El Gobierno de Javier Milei logró imponerse esta semana en Diputados con la edad de punibilidad a niños, niñas y jóvenes, y se debate actualmente en el Senado.

Sobre el «punitivismo marketinero» como llaman a la propuesta de quienes avalan que a partir de los 14 años pueda rendir cuentas a la Justicia Penal por sus actos, recuerda lo establecido en la última dictadura argentina.

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El nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por Patricia Bullrich, obtuvo el jueves media sanción en Diputados tras 149 votos a favor y 100 en contra, lo que, para la abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Claudia Cesaroni, “se trata de un rejunte del proyecto original del gobierno con las modificaciones que propusieron las fuerzas de la oposición, de manera complaciente o cómplice”.

 “Se vuelve a fijar la edad en 14 años, como en la dictadura”, argumentó.

En este contexto, el Consejo Federal de Defensores y Asesores generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA) manifestaron su preocupación sobre el proyecto oficialista de modificar el Régimen Penal Juvenil.

La ex Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham refirió que “lo que falta no es castigo, es Estado, estamos discutiendo bajar la edad penal cuando más del 99 % de los chicos no tiene ningún conflicto con la ley”. Al subrayar que a aquellos que queden detenidos, «se los expone a volver a delinquir», la experta indicó que «bajar la edad de imputabilidad no da más seguridad, es un placebo que engaña a la sociedad”.

Añadió que «el riesgo es que los chicos salgan peor de lo que entraron. Si no hay operadores capacitados, equipos técnicos ni dispositivos adecuados, lo único que se logra es mayor reincidencia».

En este caso, la abogada aclaró que “la conflictividad está concentrada en muy pocas jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y el conurbano bonaerense, principalmente en el primer y segundo cordón, y en parte del tercero. El resto del país no tiene delitos cometidos por chicos”.

Los datos oficiales de 2024 establecen que en el territorio bonaerense, por ejemplo, apenas el 0,3 por ciento de los adolescentes de 16 y 17 años estuvo involucrado en una investigación. Es decir, 1802 jóvenes sobre una población de más de 555.000.

Por si fuera poco, el oficialismo puntualizó en varias oportunidades que de este modo Argentina se asimilaría a lo que sucede en países vecinos como Uruguay, que fijó la edad en 13; o Brasil, que la tiene en 12.

Y estos datos arrojan que esos mismos países tienen las tasas de homicidios más altas: 10,3 y 20 cada 100 mil habitantes, respectivamente, con Ecuador, que tiene hoy la tasa más alta de homicidios y una edad de punibilidad de 12 años desde hace más de tres décadas.

 “No existe ningún baño de sangre protagonizado por menores de edad, como se quiere instalar”, insistió Graham.

Un reciente estudio científico plantea los peligros de encarcelar adolescentes y revela un dato clave sobre el desarrollo del cerebro de los niños y niñas, que pone en discusión la efectividad de esta nueva normativa.

La nueva evidencia desaconseja el enfoque punitivo como única respuesta frente al delito adolescente, salida que le está dando el Gobierno de la Libertad Avanza.

El estudio también argumenta que “en esta fase, los adolescentes las tasas de enfermedades y muertes aumenta más que en la infancia, principalmente por causas vinculadas a accidentes, suicidio y violencia interpersonal”.

De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales “si este proyecto se convierte en ley, un juez podría separar a un menor de su familia, inclusive enviarlo bajo custodia de los organismos de niñez. Para hacerlo, no le hará falta siquiera tomar en cuenta la voz del niño, lo que termina con el principio de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos”.

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